La polémica ya la conocen: Anna Tarrés, ex seleccionadora del equipo español de natación sincronizada, tras muchos éxitos en mundiales, europeos y olimpiadas, fue despedida al término de Londres 2012 y recibió muchos ataques sobre su actitud con las chicas que entrenaba.
Pues bien, tras defenderse convenientemente, ahora inicia la contraofensiva y según publican varios medios de comunicación, exige ahora a la Real Federación Española de Natación (RFEN) 350.000 euros «por atentar contra sus derechos fundamentales en el ámbito laboral al ser relevada de sus funciones».
Esto ya es oficial y figura en el juicio de tutela de derechos fundamentales que se ha celebrado hoy en el juzgado de lo social número 2 de Terrassa (Barcelona) y en el que ha acusado a la RFEN y a su presidente, Fernando Carpena.